El Nacional de Oklahoma

August 04, 2011

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Emergencias y dentaduras económicas Dr. Peck Dr. Hong Servicios y sonrisas simpáticas 405212-4549 2712 SW 29th Examen Gratis Al frente de Buy for Less Internacional Jueves 4 de agosto • 2011 ARGENTINA Escándalo en Argentina Tratan en el Congreso el caso de un Juez de la Suprema Corte en cuyos inmuebles hay prostíbulos. Por: David German Vera Corresponsal en Argentina El Nacional de Oklahoma El escándalo se desató con las fuertes acusaciones y denuncias al magistrado de la Corte Supre- ma de Justicia, Eugenio Zaffa- roni acerca del los 16 inmuebles de su propiedad, de los cuales, seis de ellos estaban alquilados para prostíbulos de mujeres indo- cumentadas venidas del Paraguay y mujeres provenientes de Repú- blica Dominicana. Esto ocasionó fuertes resistencias por parte de la ONG y todo el cuerpo social, pro- vocando un interminable escánda- lo moral y una honda herida en la Corte Suprema de la Nación y en el ámbito del Congreso de la Nación, - justo en tiempos de cam- pañas políticas-. El magistrado acusado indicó que ya solicitó el desalojo de los cuatro departamentos de su pro- piedad, en los que se denunció que se realizaban actividades de pros- titución y agregó: “El hecho en sí, creo que no da para más, estoy sorprendido porque me encuen- tro en medio de un escándalo de carácter político que me sobrepa- sa totalmente”. El integrante del máximo Tri- bunal de Justicia se mostró “des- concertado” y aseguró que no pro- vocó “semejante catástrofe” que se desató al conocerse que en algunos de los departamentos se ejercía la prostitución. Aunque el magistrado Eugenio Zaffaroni intentó dar explicaciones para dis- tanciarse del escándalo, más no pudo convencer ni a la sociedad que lo halló culpable, ni al arco opositor político que pide su desti- tución por medio del juicio políti- co. “Cuidado si tomamos en la polí- tica el hábito de tirar heces para todos lados, cuidado, que estamos cayendo en una destrucción de la república”, dijo molesto el magis- trado. Mientras tanto, la conocida legisladora nacional por el parti- do Coalición Cívica, Fernanda Gil Lozano, quien conocida por su vastísima experiencia en el tema de la lucha contra la trata de personas, agudizó su instinto de mujer política y actuó rápidamen- te saliendo en defensa de las insti- tuciones de la nación y presentan- do su proyecto de resolución ante la comisión de asuntos constitu- cionales de la Cámara baja. Este proyecto tiene nueve pun- tos sustánciales, entre los que se halla el punto 2º. “Si tenía cono- cimiento -previo a las denuncias públicas- sobre el funcionamiento de prostíbulos en los inmuebles de su propiedad. El articulo 4º Que persona física o jurídica ha admi- nistrado y/o lo hace –actualmente- las propiedades y/o los respectivos contratos de locación menciona- dos. Y el articulo 8º Si ha efectua- do alguna denuncia penal hacia los locatarios de los inmuebles de su propiedad en los cuales presun- tamente se realizarán actividades ilícitas. En caso afirmativo, seña- le los datos correspondientes al: número de causa y juzgado y s/o secretaria actuantes”. En entrevista exclusiva con El Nacional de Oklahoma aseguraba la legisladora, que no pedía que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia se tenga que retirar, en el proyecto, queda bien claro al afirmar cuando; “lo estoy invi- tando (al ministro) a que nos de explicaciones en la comisión. Esta- FERNANDA GIL LOZANO, diputada por el partido Coalición Civica. mos hablando de un hombre de la Suprema Justicia, un hombre representante del poder supremo. Él es una de las cabezas de la jus- ticia de la República. En este sen- tido no digo que tiene que irse. Yo estoy muy preocupada, precisa- mente por el lugar que él ocupa, pero hay una serie de reglas a las cuales él debe atenerse, tal como una conducta decorosa y ética por estar encima de cualquier perso- na. En él está representada la jus- ticia, el bien al decoro y la moral. El lugar que él ocupa debe tener una conducta limpia y recta. Como sabemos todos, no se debe hallar en su conducta actos de iniquidad, ni mucho menos hallarse algún delito o mal desempeño de sus fun- ciones. Por esto, como diputada de la nación me veo en la obligación moral y ética de denunciar cual- quier acto deshonroso del nombre en su cargo público, o de cómo lo desempeña. Como yo, quien sien- do diputada debo también ajustar- me a ciertas normas éticas porque soy una representante del pueblo”, afirmó la diputada. Y siguió agregando: “Nosotros en el año 2009, con los vecinos y distintas ONG estuvimos trabajan- do en la soledad y a pulmón, pre- sentamos una lista que tenía 613 prostíbulos en la ciudad de Bue- nos Aires. La presentamos a la procuración de la nación. A media- dos del 2009, algunos vecinos me habían informado que unos de esos edificios eran propiedades del magistrado de la Corte, Euge- nio Zaffaroni. Entonces les dije que estos datos los tenía la pro- curación de la nación y me quedé tranquila. Porque a decir verdad, los que tiene que investigar son los fiscales de la nación. Pero he aquí, que después de la investiga- ción periodística salieron a la luz dos inmuebles de propiedad del Dr. Zaffaroni y en esos dos depar- tamentos funcionaban prostíbu- los, en uno habían mujeres para- guayas, y el en otro, mujeres de República Dominicana”, aseguró la diputada Gil. Las denuncias contra el minis- tro fueron muy graves, pero no quedo allí, sino, que la misma gente de la legisladora se pusieron en campaña de investigación per- sonal para confirmar si realmente era cierto semejante pecado. Nosotros lo confirmamos -dice Fernanda Gil Lozano- ¿Cómo? “Averiguamos a través de la Web www.Momosas.com. y www.Taco- saltos.com. Mandé a varones ami- gos para que confirmaran si era cierto y realmente sí lo era. Algu- nos son VIP. Las tarifas no eran nada baratas. Además, la perso- na que venía a pagar las expensas al consorcio, era la persona que tenía el domicilio jurídico en la casa del magistrado Zaffaroni, el señor Montiveros, quien vive con él y estaba al tanto de las cosas que sucedían en las propiedades del magistrado. A mi me hacen sospechar que todas estas mujeres son victimas de trata de personas. Por lo menos, allí había proxene- tismo y habían prostíbulos”, recal- có la diputada. “Pensándolo bien, creo que si una persona tiene varios inmue- bles de su propiedad, y un admi- nistrador, es injusto que se le impute algún delito cuando sus habitantes no se les conoce”, expli- có Gil. ¿Este razonamiento, se puede aplicar al Dr. Zaffaroni? Para la diputada Gil Lozano, no es tan convincente, porque según a su juicio “el administrador de esas propiedades vive en la casa del ministro, o al menos tiene la misma dirección. Esto es una dis- tracción imperdonable”, concluyó Fernanda Gil Lozano. 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