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19 - 25 de Junio, 2020 © El Popular I 9A www.elpopularnews.com S olicitantes de asilo y otros que esperan audiencias en los tribu- nales de inmigración de EE.UU. tendrán que esperar aún más debido a los retrasos que se han multiplicado durante la pande- mia de COVID-19, según datos publicados a principios de este mes. Se espera que más de 850.000 personas se vean afectadas por el cierre parcial de los tribunales de inmigración, según el Centro de Inter- cambio de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Syracuse, un centro de investigación que recopila y analiza datos sobre las actividades de los tribunales de inmigración. "Estos inmigrantes ahora tendrán que esperar muchos meses, si no años, antes de tener su día en el tribunal, cuando sus casos finalmente se resuelvan", concluyó el TRAC en un informe. Incluso antes del brote de coronavirus, los tribunales de inmigra- ción de EE.UU. se enfrentaban a un millón de casos pendientes. La reducción dramática en la actividad judicial en los últimos meses, ha empeorado la situación. El centro de investigación calcula que los tribunales de inmigración de EE.UU. completaron 6.460 casos en abril, frente a los 42.045 de enero y los 41.793 de febrero. Hasta mayo, los casos de 368.000 per- sonas se habían retrasado, incluidas más de 85.000 audiencias cance- ladas, según el TRAC, que estima que el número de casos retrasados aumentará más del doble a medida que avanza la pandemia. Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, reconoció a la Voz de América en una entrevista tele- fónica que los tribunales, como cualquier otra faceta de la vida esta- dounidense, se han visto afectados por la COVID-19. Agregó que los procedimientos judiciales son especialmente difíciles de llevar a cabo de manera segura durante una pandemia. "Incluso cuando volvamos a abrir, no podremos volver a los negocios como de costumbre", dijo Tabaddor. "No puedes volver a esos volúme- nes de personas que traías a la corte. Por lo tanto, esto ciertamente tendrá un impacto dramático en el ritmo de los casos que se abren camino a través del sistema". Según la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), la entidad del Departamento de Justicia que supervisa los tribunales de inmigración, un tribunal de inmigración en Hawai reanudó las audien- cias esta semana. Se espera que al menos otros siete tribunales mi- gratorios en todo el país reanuden las audiencias para fin de mes. La pandemia multiplica los retrasos en tribunales de inmigración de EE.UU. Administración Trump propina duro golpe a 'dreamers' universitarios A unque lo había adelantado hace unas semanas, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, elimi- nó formalmente a los "dreamers" de la ayuda económica aprobada por el Congreso para universitarios ante la crisis por coronavirus. La funcionaria del Gobierno del presidente Donald Trump no con- siderará a los protegidos con la Ac- ción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como parte de los beneficiarios de los $6,000 millones de dólares para que los estudiantes puedan obtener alimentos, atención médica y cuidado infantil. El Departamento de Educación emitió una regla final interina el jue- ves, reportó Law360, donde se acla- ra que sólo los estudiantes elegibles para recibir ayuda financiera federal considerados en el Título IV de la Ley de Educación Superior, pueden acceder al fondo de emergencia es- tablecido en la Ley CARES. Es decir, la autoridad federal re- cuerda que los inmigrantes indo- cumentados y los estudiantes de intercambio internacional no son ele- gibles para recibir apoyo extra. "Los contribuyentes estadouni- denses han apoyado durante mucho tiempo a los estudiantes estadouni- denses que cursan estudios supe- riores y esta regla simplemente ga- rantiza la continuidad de esa política bien establecida", dijo DeVos en un comunicado. La política también hace a un lado a aquellos universitarios con incum- plimientos en su préstamo federal y quienes tengan una mala posición académica. Activistas han criticado la decisión del Gobierno federal, adelantada en abril, al considerar que podría poner fin a las carreras universitarias de los estudiantes indocumentados, quie- nes ya corren un mayor riesgo de in- seguridad alimentaria y de vivienda. Hay algunas mociones en cortes pendientes, como una demanda en la corte federal de California, la cual podría tomar una determinación los próximos días. Los "dreamers" también están a la espera de una decisión de la Corte Suprema sobre el programa –que esta 15 de junio cumplió ocho años– que los protege de la deportación. L a Corte Suprema de Estados Unidos le entregó el lunes al presidente Do- nald Trump una derrota en su enfrentamiento legal con el estado más poblado del país, y se negó a escuchar el desafío de su administración a las leyes de "santuario" en California que protegen a los inmigrantes de la deportación. Los jueces dejaron en su lugar un fallo de un tribunal inferior que confirmó la mayor parte de las tres leyes en el estado gobernado por los demócra- tas que limitan la cooperación con las autoridades federales de control de inmigración. La administración Trump había apelado esa decisión ante el tribunal superior. El presidente Donald Trump, que busca la reelección el 3 de noviembre, ha con- vertido sus políticas de inmigración de línea dura en un foco de su presidencia, incluida una represión contra la inmigración legal e ilegal. Su administración demandó a California en 2018 en un tribunal federal, acu- sando al estado de obstruir ilegalmente la aplicación de la ley federal de in- migración y diciendo que las medidas violan la disposición de la Constitución de Estados Unidos de que las leyes federales tienen prioridad sobre las leyes estatales. Las leyes "santuario" de California en cuestión prohíben que los empleadores privados en el estado cooperen voluntariamente con los funcionarios federales de inmigración y prohíben a las autoridades policiales locales compartir informa- ción con los funcionarios federales sobre la liberación de inmigrantes potencial- mente deportables de la custodia. El fiscal general de California, Xavier Becerra, demócrata, ha argumentado que las leyes protegen la privacidad en el lugar de trabajo y evitan que el estado sea obligado a hacer cumplir la ley federal de inmigración. El presidente republicano calificó las leyes de santuario de California como "mortales e inconstitucionales" y dijo que el estado "brinda refugio a algunos de los delincuentes más violentos de la Tierra". Corte Suprema desecha impugnar leyes "santuario" de California Revisará ciertos casos de indocumentados deportados que vuelven a EE.UU. CORTE SUPREMA L a Corte Suprema considerará los casos de inmigrantes depor- tados que vuelven a entrar a los Estados Unidos y buscan protección. La decisión de los jueces se enfo- cará en si esas personas deberán ser detenidas por Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o si pueden ser li- beradas tras pagar una fianza. Los extranjeros que reingresaron a los EE.UU. después de haber sido deportados generalmente no pueden solicitar alivio de inmigración. Sin embargo, esas personas pueden buscar ciertas protecciones si temen ser perseguidos en sus países de origen, incluida la suspensión de deportación y alivio bajo la Convención de las Nacio- nes Unidas contra la Tortura. A pesar de esos beneficios, mien- tras sus casos son revisados en cortes migratorias, estos extranjeros pasan tiempo en prisiones de ICE, por lo que los jueces revisarán si su situación –al reclamar protección– se rige por las normas de detención de deportación regular. Cabe recordar que aquellos inmi- grantes deportados que han reingre- sado al país también podrían enfren- tar prisión federal, según las actuales reglas migratorias. El caso es Albence v. Guzman Cha- vez, el número 19-897 en la Corte Suprema retomará dos aspectos de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) estipuladas en la Sección 1226 (a) sobre la detención de una persona si está pendiente su decisión de de- portación, así como la 1231 (a) con respecto al periodo de expulsión mar- cado como máximo en 90 días. En octubre de 2019, el Departa- mento de Justicia (DOJ) hizo la peti- ción a la Corte fue para tener certeza sobre distintos casos en proceso so- bre extranjeros que regresan al país por temor a morir perseguidos en sus naciones de origen. En ese mismo mes, el Cuarto Cir- cuito de Apelaciones decidió en contra del DOJ y ICE sobre este tipo de ca- sos, lo que derivó en la petición ante el Máximo Tribunal. La semana pasada, los jueces to- maron una decisión sobre casos de inmigrantes con condenas penales que temen ser torturados si son de- portados, a quienes se les permitió impugnar la negación de sus solici- tudes de permanecer en los Estados Unidos en tribunales federales. "Durante el proceso de deporta- ción, un no ciudadano que demuestre una probabilidad de tortura en el país de expulsión tiene derecho a la ayuda de conformidad con la Convención in- ternacional contra la Tortura (CAT) y no puede ser trasladado a ese país", indicó la opinión del juez Brett Kava- naugh, nombrador por el presidente Donald Trump. La Patrulla Fronteriza informó que decomisaron dos libras de fentanilo que había en la vivienda. Descubren 'casa de seguridad' de polleros con 21 inmigrantes indocumentados A gentes de la Patrulla Fronteriza descubrieron en Nogales, Arizo- na, una de las llamadas "casas de seguridad" que utilizan los polleros para retener a los inmigrantes indocumentados. En el interior de la vivienda había 21 indocumentados en espera de ser trasla- dados a otras ciudades del país. La autori- dad informó que también encontraron dos libras fentanilo. El hallazgo de la "casa de seguridad" se originó por la detención de un automovilis- ta que la mañana del viernes 12 de junio cometió una infracción de tránsito. El oficial del Departamento de Policía de Nogales que revisaba la licencia del conductor de un sedán Honda para hacer la multa sospechó que los dos pasajeros que iban a bordo eran indocumentados, por lo que llamó a la Patrulla Fronteriza. Los agentes de inmigración constataron que no contaban con papeles por lo que fue- ron detenidos y el conductor arrestado para ser procesado por contrabando humano. Más tarde los agentes de la Patrulla Fronteriza se enteraron que los dos indo- cumentados eran parte de un grupo más grande que estaba retenido en un domi- cilio cercano por lo que implementaron un operativo en conjunto con la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas (ICE). En la casa encontraron a los 21 inmi- grantes indocumentados, todos mexica- nos, además de las dos libras de la peli- grosa droga. Una mujer del grupo fue identificada por las autoridades como integrante de una pandilla de "sureños" (del sur de Ca- lifornia) por lo que fue arrestada para ser procesada criminalmente por un arresto previo de cruzar la frontera sin papeles, según el comunicado. El resto de los indocumentados fueron procesados para su deportación inmediata a México. Según un centro de investigación de la Universidad de Syracuse, hasta mayo los casos de 368.000 personas se habían retrasado y se prevé que la cifra aumente más del doble a medida que avanza la pandemia.

