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May 07, 2020

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8 - 14 de Mayo, 20120 © El Popular 10A www.elpopularnews.com P ara un migrante detenido, tener acceso a una llamada telefónica gratuita puede marcar la diferencia entre tener asesoría legal y un trato justo o ser deportado, es por eso que activistas presen- taron este 4 de mayo una demanda para que ICE elimine las barreras de acceso telefónico en dos de sus centros de detención en El Paso, Texas. La demanda se presentó en nombre de las personas detenidas en El Paso en el Centro de Detención del Condado de Otero y el Centro de Procesamiento de Servicios de El Paso. Cada uno con la capacidad combinada de detener a miles de personas. En El Paso, Texas la tasa de aprobación de las solicitudes de asilo es constantemente inferior al 5%. Durante la pandemia del coronavi- rus, la situación se ha vuelto más crítica. Los abogados y las organizaciones de defensa de inmigrantes han seguido estrategias agresivas de defensa con la Oficina de Campo de El Paso de ICE para resolver este problema en los centros de deten- ción del área desde octubre de 2019. La incapacidad de las personas detenidas para llamar a sus abo- gados a una hora designada. Esto fue particularmente problemático cuando los intérpretes telefónicos estaban en fila para hablar en esos momentos. Incapacidad de llamar a sus abogados o familiares a menos que tengan dinero en sus cuentas de la tienda. La falta de ICE para proporcionar un espacio en el centro de de- tención que permitiera conversaciones confidenciales y privadas. Esto obstaculiza su capacidad de compartir detalles delicados de casos por teléfono. Las llamadas telefónicas con clientes detenidos caerían repentina- mente y sin previo aviso. Abogados que informan que intentarían establecer llamadas con ICE, pero que a veces esperarían casi dos semanas para recibir una respuesta. Otras veces, sin respuesta. Los abogados pro bono informaron que una de las soluciones de ICE era dirigir a sus oficiales para que permitieran a los migrantes de- tenidos hacer llamadas legales a los celulares de los oficiales. Sin em- bargo, esas conversaciones probablemente no fueron confidenciales. Las barreras para el acceso telefónico en los centros de detención de inmigrantes del área de El Paso están interfiriendo con el derecho fundamental de los inmigrantes a recibir asesoramiento y acceso a los tribunales, protegidos por la Constitución de EEUU. Demandan a ICE por impedir que los detenidos puedan hacer llamadas D ebido a la pandemia de coro- navirus, se cerró gran parte de la frontera entre Estados Uni- dos y México. Por lo cual, la Patrulla Fronteriza detuvo a un 98.5% menos de personas que cruzaron hacia los Estados Unidos sin autorización du- rante abril, en comparación con 2019. Entre el 1 y el 29 de abril, la Patrulla Fronteriza detuvo a mil 420 personas en la frontera suroeste. En abril de 2019, fueron 94 mil 423 detenidos. Desde marzo, las aprensiones caye- ron en un 95% mensual. El 21 de marzo, Estados Unidos y México acordaron cerrar la frontera a los viajes no esenciales autorizados. Sin embargo, las cifras indican que los cruces ilegales también cayeron en picada. La demografía de los migrantes que cruzan ilegalmente cambiaron. Los ciudadanos representaron el 34% de todos los intentos de cruces ilega- les en abril. Mientras que las personas de otras nacionalidades (OTM) repre- sentaron el 66%. En abril de 2019, solamente el 17% de los detenidos eran mexicanos. El 83% pertenecen a OTM. Lo cual se traduce en una caída anual del 98.8% en las detenciones de OTM, con 942 en abril en comparación con 78 mil 638 en abril 2019. Del mismo modo, las detenciones de menores indocumentados cayeron un 98.2%, es decir, 150 el mes pasa- do desde 8 mil 491 en abril 2017. Las cifras anteriores no incluyen la expulsión de migrantes de conformidad con una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermeda- des (CDC) sobre la base de un posible contagio en la pandemia de Covid-19. En marzo, las expulsiones del Títu- lo 42 representaron 6 mil 306 de las 29 mil 953 detenciones en la frontera suroeste. LAS DETENCIONES fronterizas caen en picada en plena pandemia Guatemaltecos deportados regresan a hostil ambiente de rechazo y discriminación Antes eran los héroes que con sus remesas apuntalaban la economía de Guatemala. Ahora, ante la posibilidad que tengan el virus COVID19, son rechazados, amenazados y agredidos por sus compatriotas. El presidente y los obispos han pedido el cese de esta actitud que provoca temor a los deportados. L os migrantes que antes regresa- ban desde Estados Unidos eran entonces considerados héroes en Guatemala, donde el dinero que enviaban a sus sus familiares ayuda- ba a apuntalar la economía. Pero desde que se inició la pandemia de coronavirus, los inmigrantes en pue- blo tras pueblo han sido maltratados, corridos o amenazados por vecinos que temen que ellos hayan traído el virus al regresar de Estados Unidos. Maltratos similares han sido re- portados en toda Latinoamérica y el Caribe. En Haití, la policía custodia un hotel lleno de deportados de Estados Unidos en cuarentena, en parte para evitar que se fugen y en parte para detener ataques de vecinos temero- sos del coronavirus. Para inmigrantes, ya asustados por la política inmigratorias de línea dura de la administración Trump, el maltrato en casa es un golpe más, y una perturbadora ilustración de cómo la pandemia está alterando viejas nor- mas sociales en nuevas formas alre- dedor del mundo. Vanessa Díaz dice que su madre escuchó rumores que los vecinos se están organizando para evitar que lle- gara a su casa en la norteña provincial de Petén, luego que ella fue deporta- da en vuelo desde Estados Unidos. Díaz tuvo que correr al interior de la casa con su niño de 7 años cuando llegó de regreso a Guatemala. "Cuando llegamos mi padre dijo: 'bájense del carro y corran dentro de la casa'. Ella temía que nos fueran a hacer algo", explicó Díaz. El gobierno guatemalteco dice que unos 100 inmigrantes deportados de Estados Unidos entre finales de marzo y mediados de abril, dieron positivo al coronavirus. Aún aquellos, como Díaz, que no están contagiados, son puestos en cuarentena durante dos semanas después de llegar en un vuelo en el que nadie dio positivo al virus. Aun así, deben cargar con el estigma. "El vicealcalde andaba incitando a la gente porque querían sacarme a mí y a mi hijo de mi casa", dijo Díaz. El miedo no ha desaparecido. La madre de Díaz tiene que comprar alimentos para todos pues su hija no se atreve a salir de su casa. Ha pre- sentado también una denuncia ante la policía pues teme que los vecinos aun podrían atacar la casa. "Tengo miedo. La policía vino a la casa y dejaron su número telefónico, para que podamos llamarlos" si hay algún problema, dijo Díaz. Pero la razón y el miedo a acciones legales parecen significar poco. "Tengo un documento que dice que no tengo la enfermedad", explicó Díaz, refiriéndo- se a una carta emitida por el Ministerio de Salud Pública cuando fue enviada a su casa a pasar la cuarentena. Díaz salió de Guatemala el 14 de febrero y fue capturada entrando a Estados Unidos dos semanas más tarde. Ella y su hijo pasaron más de un mes detenidos en Texas antes de ser deportados. El trato de inmigrantes que regresan por parte de sus propios compatriotas se ha vuelto un tema de preocupación para el presidente Alejandro Giammat- tei, quien hizo una apelación el mes pasado para que cese el acoso. U na juez negó la solicitud de dos contribuyentes para bloquear la ayuda de 75 millones de dólares del gobernador de California para indocumen- tados. Una juez negó una solicitud que intentaba bloquear los 75 millones de dólares que Gavin Newsom, gobernador de California, dará como ayuda para migrantes indocumentados. La juez del Tribunal Superior de Los Ángeles, Samantha Jessner, emitió su orden después de escuchar los argumentos de los abogados de Robin Crest y Howard A. Myers. Los demandantes piden que un juez determine, después de un juicio sin jura- do, que los pagos de California son un gasto ilegal. También quieren una orden judicial permanente que impida que el dinero de los contribuyentes se ponga a disposición de "extranjeros ilegalmente pre- sentes". "Los demandados tienen la intención de gastar ilegalmente 79.8 millones de los fondos de los contribuyentes", según los documentos judiciales. Los demandantes dijeron que sufrirían "daños sustanciales e irreparables" si no se otorgaba una orden de restricción. Pero en defensa del plan de ayuda del gobernador California, la viceprocu- radora general Anna Ferrari, declaró que los demandantes no podían mostrar ninguna "lesión irreparable". Según los demandantes, el plan de Newsom, proporcionaría a unos 150 mil migrantes indocumentados un pago único en efectivo de entre 500 y mil dólares por hogar. Los beneficiarios recibirían pagos a partir de este mes y 40,000 de las 150,000 personas seleccionadas viven en el condado de Los Ángeles. Myers y Crest sostienen que California no tiene "una ley que establezca que los extranjeros presentes ilegalmente son elegibles para esos beneficios públicos". Juez niega solicitud que intentaba bloquear ayuda de California a indocumentados Los estudiantes serían el próximo objetivo de las políticas antiinmigrantes L os estudiantes extranjeros podrían ser los siguientes afectados de las políticas anti- imigrantes del presidente de Estados Unidos, según un reporte de Forbes. El 22 de abril, Donald Trump firmó una Proclamación de la prohibición migratoria; en la cual ordenó a los departamentos de Estado y Seguridad Nacional (DHS) revisar los tipos de visas que deberían ser restringidos o sufrir ajustes en los próximos meses. "La administración de Trump puede imponer nuevas restricciones a los estudiantes que desean trabajar en los Estados Unidos después de graduarse en Capacitación Prác- tica Opcional (OPT). Las nuevas medidas también podrían estar dirigidas a estudiantes de China", dijo Stuart Anderson, experto en políticas públicas. "Desde la perspectiva del Departamento de Seguridad Nacional; ciertamente estamos muy preocupados por la cantidad de programas de visa que los estudiantes chinos pue- den usar para ingresar al país y estudiar y quedarse eventualmente"; dijo Wolf. Lo asesoran Ann Coulter y el abogado Krikorian... Los dos son anti-inmigración. Y sí: las políticas migratorias se han endurecido, aun en los programas de visas migratorias para estudiantes. De igual forma; existe la posibilidad de que la reciente crisis con China ocasionada con la pandemia de coronavirus sea utilizada como un argumento para impulsar las medidas; según la opinión de Anderson. En 2015, Stephen Miller, principal asesor de Trump en materia migratoria, ayudó a redactar un proyecto de ley (S. 2394) que eliminó la OPT y prohibió trabajar en Estados Unidos a los estudiantes internacionales –después de recibir un título excepto que traba- jaran 10 años fuera del país-. En la actualidad, DHS vigila de cerca a estudiantes para evitar que se queden en Estados Unidos, un programa que está bajo la supervisión de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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