El Popular News

31 de Enero - 6 de Febrero, 2020 © El Popular 12A www.elpopularnews.com U na coalición de 22 procuradores, liderador por el procurador general de California, Xavier Becerra, buscan detener los esfuerzos del gobierno del presidente Trump contra las deportaciones aceleradas o exprés. Ese tipo de expulsión del país aplicada por la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) generalmente no permite a los inmigrantes el acceso a representación legal, testigos o una oportunidad significativa para presentar pruebas y defensas. En septiembre de 2019, un tribunal de distrito federal emitió una orden ju- dicial preliminar que impedía que la regla entrara en vigencia, pero la decisión fue apelada por la Administración Trump. Ahora la coalición de fiscales buscan que la Corte de Apelaciones para que el Circuito del Distrito de Columbia confirme la negativa. "Con esta regla, la Administración Trump está tratando de eludir sus obli- gaciones morales y legales para aquellos que huyen de la violencia y la per- secución", consideró el fiscal general Becerra. "Afortunadamente, somos una nación de leyes donde todos, incluida la Administración Trump, tienen que cumplir con las reglas. Continuaremos defendiendo lo que está bien junto a nuestros socios en todo el país y defendiendo los derechos de las familias inmigrantes trabajadoras". Según reportes de activistas, 2017 el 35 por ciento de todas las deportacio- nes se realizaron a través de la remoción acelerada, pero antes de la Adminis- tración Trump, este procedimiento se aplicaba a las personas detenidas dentro de los 14 días posteriores a la entrada en los Estados Unidos y dentro de las 100 millas de la frontera. Fiscales se unen para detener "deportaciones exprés" de ICE L os consulados de EE.UU en todo el mundo aplican ya las restricciones anunciadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en el otorga- miento de visas temporarias a mujeres extranjeras embarazadas, con el propósito de evitar el "turismo de maternidad". El cambio en las regulaciones para el otorgamiento de visas B1 y B2 "es necesario para fortalecer la seguridad pública, la seguridad nacional y la inte- gridad de nuestro sistema de inmigración", según un comunicado de la oficina de prensa de la Casa Blanca. De acuerdo con la Enmienda 14 de la Constitución, casi todas las personas nacidas en territorio estadounidense tienen derecho a la ciudadanía del país, aun si sus progenitores no son ciudadanos. A los 21 años de edad, esos hijos e hijas tienen derecho a solicitar la resi- dencia permanente legal de sus familiares, algo que los críticos del sistema califican como "inmigración en cadena". "La industria del turismo de parto amenaza recargar valiosos recursos hos- pitalarios y está plagada de actividad criminal", sostiene el comunicado. La ginecóloga Jennifer Conti, integrante de Physicians for Reproductive Health (Médicos por la Salud Reproductiva) calificó las nuevas regulaciones como "racistas y crueles", y advirtió que podrían negar la visa a mujeres em- barazadas que escapan de la violencia doméstica o el abuso sexual. Por su parte Tom Jawetz, experto en inmigración del Centro para Progreso Americano, dijo al diario The Washington Post que "las nuevas reglas en sí mismas invitan la discriminación contra las mujeres". Consulados de EE.UU ya niegan visas a turistas embarazadas E l director interino de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Matthew Albence, advirtió que la agencia a su cargo deportaría a los "dreamers" si la Corte Suprema decide que el presidente Donald Trump tenía derecho en desaparecer el programa para los Llegados en la Infancia (DACA). "Esas personas quizá tengan DACA, pero eso no nos impide avanzar con el proceso de deportación", dijo Albence. "Si DACA es eliminado por la Corte Suprema, en realidad podemos llevar a cabo esas órdenes de expulsión". Defensores de inmigrantes reconocieron que la agencia se "está preparando" para concretar deportaciones si los jueces desaparecen el programa. "El director de ICE de Trump, Matt Albence, acaba de confirmar que están intentando deportar a los protegidos por #DACA si la Corte Suprema decide a favor de Trump", alertó United We Dream. Otros activistas señalaron que es posible que la agencia se prepare para esos procesos, ya que la decisión de la Corte Suprema podría ocurrir antes de junio. Juan Escalante, un "dreamer" que dirige campañas digitales de FWD.us confirmó que el movimiento de ICE era viable. "Sería posible", dijo. "Es obvio suponer que si esto lo dice el director interino de ICE es porque se están pre- parando". Director de ICE amaga con deportar a "dreamers" La administración Trump Acaba de abrir una nueva prisión de inmigrantes en la zona rural de Michigan D esde su oficina en la Iglesia Cristo Rey en Lansing, Michigan, Oscar Castañeda dirige una campaña contra una nueva prisión federal para inmigrantes, parte de la escalada de la aplicación de la ley de inmigración del pre- sidente Donald Trump. En mayo de 2019, la administración Trump otorgó un contrato de diez años y $398 millones a The GEO Group, la cor- poración privada de prisiones más grande del país, para reabrir una prisión cerrada de Michigan. Ubicada en la zona rural de Baldwin, Mich., la Instalación Correccional de North Lake abrió a fines de 2019 con una capacidad de 1,800. En Cristo Rey, Castañeda convoca reuniones semanales de Centros de No Detención en Michigan, una coalición de organizaciones e individuos que luchan para mantener el estado libre de instala - ciones de encarcelamiento de inmigran- tes, incluida la prisión de North Lake. El tema ha atraído a una "gran variedad de personas", dice Castañeda. "Por primera vez, estamos logrando cierta unidad a ni - vel estatal". A diferencia de los centros de deten- ción, que son administrados por el Servi- cio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la instalación de North Lake es una prisión de Requisito de Extranjería Criminal (CAR), que es administrada por la Oficina de Prisiones (BOP). Estas ins - talaciones son específicamente para no ciudadanos que han sido condenados por delitos federales. A menudo, el delito es "reingreso por delito grave", o un segundo cruce fronterizo no autorizado, que conlle - va una sentencia típica de dos años (más para aquellos con antecedentes penales anteriores). Después de cumplir su conde- na, todavía son deportados. "Los llamamos prisiones en la sombra", dice Bárbara Suárez Galeano, directora organizadora de Detention Watch Net- work. A menudo ubicadas en áreas rura- les, las prisiones de CAR están "escondi- das de la vista pública", dice Galeano, y su administración privada las protege del escrutinio público. Castañeda trabaja como organizadora a tiempo parcial con Action of Greater Lan- sing, una asamblea de congregaciones en el área de Lansing, ubicada en Cristo Rey. Además de abordar las necesidades cotidianas, como los servicios legales, de los inmigrantes que visitan su oficina, con frecuencia habla en manifestaciones de inmigración y aparece en programas de radio en nombre de la campaña contra la prisión de North Lake. Sentado en su oficina, Castañeda dice: "hace un par de meses fue difícil y dolo- roso comprender que no podríamos evitar que se abriera la prisión de North Lake". Pero hoy tiene esperanzas de ganar la ba- talla para cerrar la prisión. "Porque cada semana nos enteramos de noticias sobre compañías financieras que cortan lazos con The GEO Group. Los ciudadanos es - tadounidenses están entendiendo cómo opera esta corporación". Prisiones de las Sombras Las prisiones CAR son una consecuen- cia relativamente nueva del encarcela- miento masivo moderno. A medida que la Guerra contra las Drogas explotó la pobla- ción carcelaria, el presidente Bill Clinton comenzó a segregar a los no ciudadanos condenados por delitos federales, como el tráfico de drogas, en prisiones privadas de CAR contratadas a través del BOP. La idea era que los prisioneros que no esta- ban programados para regresar a los Es- tados Unidos no necesitarán programas educativos o servicios como el tratamiento de drogas, y podrían ser encarcelados de manera más barata. Judy Greene, directora ejecutiva de Justice Strategies, ha sido una líder nacio- nal al tratar de atraer más atención pública a las cárceles de CAR. Entre 2001 y 2014, Greene recuerda: "Vi con horror" cómo se construían 13 cárceles CAR, a un ritmo de casi una por año. Después del 11 de septiembre, el go- bierno federal cambió su enfoque de los delitos de drogas a la seguridad nacional. La inmigración, anteriormente tratada como un asunto legal civil, se criminalizó. El recientemente formado Departamento de Seguridad Nacional aumentó los enjui- ciamientos por ingreso indebido (un delito menor) y reingreso (un delito grave). Los acusados del delito menor a me- nudo se declaran culpables y son devuel- tos a su país de origen. Si son atrapados en los Estados Unidos por segunda vez, pueden ser acusados de reingreso por delitos graves. A medida que aumentaron los enjuiciamientos por reingreso, también aumentó el número de personas encarce- ladas en prisiones federales por delitos relacionados con la inmigración, que pasó de 15,000 en 2001 a 20,000 a 2014. El anuncio de Trump es una inversión del esfuerzo de la administración Obama para reducir la dependencia federal de las cárceles privadas debido a las malas condi- ciones. En agosto de 2016, la fiscal general adjunta Sally Yates publicó un memorando anunciando la eliminación gradual de los contratos de prisiones privadas. Greene recuerda "sacando corchos de champán" cuando escuchó la noticia del memorando de Yates. Los precios de las acciones del Grupo GEO cayeron precipitadamente. Las compañías privadas de prisiones donaron generosamente para poner a Trump en la Casa Blanca. El Grupo GEO y CoreCivic, la segunda compañía de pri- siones privadas más grande, donaron más de medio millón de dólares a la campaña electoral de Trump, más $250,000 adicio- nales para su fiesta de inauguración. Un mes después de que Trump asumió el cargo, el Fiscal General Jeff Sessions res- cindió el memorando de Yates, afirmando que perjudicaba las "necesidades futuras" del sistema correccional federal. Sessions y Trump también instituyeron una política de "tolerancia cero" para cruzar la frontera, exigiendo que todos los arrestados sean procesados. Después de que Trump asumió el car- go, las acciones de las compañías priva- das de prisiones se recuperaron. El Grupo GEO abrió recientemente un nuevo edifi- cio de la sede en Boca Ratón, Florida, a un costo de $57 millones. En abril de 2017, el Departamento de Justicia emitió una nueva ronda de ofertas para las cárceles de CAR, y dos años después anunció que The GEO Group fue el ganador de los con- tratos en Baldwin, y reabrió dos de las tres instalaciones en el Complejo de Detención del Condado de Reeves en Texas , que había sido programado para ser eliminado por Obama. Anteriormente, Reeves era la prisión privada más grande del mundo y fue nom- brada una de las diez peores prisiones en los Estados Unidos por Mother Jones. En 2008-9, Reeves experimentó una serie de cinco muertes y dos grandes disturbios. Los incidentes fueron provocados por la muerte de Manuel Galindo, de 32 años, quien sufrió una serie de ataques epilép- ticos dentro de la prisión. El personal res- pondió dándole Tylenol. "Ya les dije que he estado aquí solo un mes y que me he en- fermado dos veces", le escribió Galindo a su madre justo antes de morir. "Ya pregun- té si pueden ubicarme con otra persona, así que ya no estaré solo". La BOP no devolvió solicitudes de co- mentarios para esta historia. Una ubicación perfecta La apertura de la prisión CAR en Bald- win podría haber pasado desapercibida. Baldwin es un pequeño pueblo en el norte de Michigan con una población de apro- ximadamente 1,200. La política estatal de Michigan se inclina por los demócratas debido al fuerte apoyo sindical en Detroit, pero las zonas rurales como Baldwin son el país de Trump. Cam Brown, de 29 años, que creció cerca, le disparó a su primer venado a las afueras de Baldwin. Después de que Trump fuera elegido, Brown comenzó un capítulo local de la Redneck Revolt, un grupo antirracista y antifascista. Su inten- ción era "usar mis habilidades con armas de fuego, hablar con mis vecinos y evitar que se volvieran más reaccionarios". Viajó a Charlottesville, Virginia, en 2017 para oponerse a la concentración "Unite the Right", donde un supremacista blanco conducía su automóvil en una multitud de manifestantes. El capítulo participó en varias acciones, incluida una protesta del presidente de la aldea de Kalkaska en el norte de Michigan, que había pedido la muerte de todos los musulmanes, y una manifestación contra una aparición del neonazi Richard Spencer en la Universi- dad Estatal de Michigan en Lansing. Desde entonces, el capítulo decidió abandonar la red y prestar más atención a su comunidad local. Al formar la Acción Mutua del Norte de Michigan, Brown dice, "todavía hacemos entrenamientos sobre armas de fuego, trabajo de contra-reclu- tamiento, alcance rural y proyectos de ayuda mutua". Como explica Brown, el grupo cambió su enfoque porque "como antifascistas y abolicionistas creemos que debemos cerrar los campos de concentración de refugiados e inmigrantes y darles la bien- venida a estas personas aquí en nuestras comunidades". Hay alrededor de 10 miem- bros trabajando en la lucha contra el Pri- sión de North Lake. Baldwin está en el medio del condado de Lake, el condado más pobre de Michi- gan, por lo que es el "lugar perfecto" para una prisión privada, dice Brown, debido a los trabajos que proporciona. Un destino para la caza y la pesca, Baldwin depen- de en gran medida del turismo. Durante el verano, los turistas alquilan cabañas y compran en algunas tiendas. Pero aún así, no hay muchos trabajos disponibles en la ciudad.

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