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2 - 8 de Agosto, 2019 © El Popular 12A www.elpopularnews.com E l fiscal general, William Barr, determinó que los familiares de una víctima de violencia no pueden optar a la solicitud de asilo como un "grupo social particular", poniendo así un nuevo obstáculo al sistema de asilo. Al pronunciarse sobre el denominado "Asunto de L-E-A", referido a una decisión de la Junta de Apelaciones de Inmigración a favor de un ciudadano mexicano que solicitó asilo después de que su padre reci- biera amenazas de parte de un cártel de drogas, Barr decidió anular el fallo. Según el fiscal general, la Junta "reconoció indebidamente a la fami- lia inmediata del padre del demandado como un 'grupo social particu- lar' a los efectos de calificar para el asilo". Bajo la ley de asilo, una persona que se encuentre en EE.UU. o que llegue a un puerto de entrada puede pedir asilo tras haber sido víctimas de persecución o temor a enfrentarla por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social y opinión política, beneficio que puede cobijar a cónyuge e hijos (menores de 21 años de edad y solteros) del solicitante. Pero en su decisión, el fiscal argumentó que "la mayoría de las fa- milias nucleares no son inherentemente distintas socialmente y, por lo tanto, no califican como 'grupos sociales particulares'". "El hecho de que un grupo criminal, como un cártel de drogas, una banda o una fuerza guerrilla, intimiden a un grupo de personas no, por sí mismo, convierte a esas personas en un grupo social particular", agregó. El documento del fiscal general se conoció después de que el pasa- do 24 de julio un juez federal en California bloqueara temporalmente las restricciones al asilo aprobadas una semana antes por el presiden- te de EE.UU., Donald Trump, que buscaban dejar fuera del sistema a la mayoría de solicitantes centroamericanos. El fallo de este magistrado, Jon S. Tigar, con tribunal en San Fran- cisco (EE.UU.), reemplazó una decisión judicial anterior, de ese mismo día, que dejaba en pie la medida de Trump, en una efímera victoria para el mandatario. La medida promovida por Trump restringía la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que hayan pasado antes por otros países, donde debían dirigir a partir de ahora sus solicitudes. Como la mayoría de solicitantes de asilo son ciudadanos de El Sal- vador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan pre- cisamente por Guatemala y por México. Finalmente, la Administración Trump anunció el pasado viernes que firmó un acuerdo con Guatemala que obligará a la mayoría de los mi- grantes que atraviesan el país centroamericano a pedir asilo allí, en vez de en territorio estadounidense. Fiscal Barr cierra puerta al asilo a familiares de víctimas de violencia L a Administración del presidente, Donald Trump, ha separado a más de 900 niños de sus padres desde junio de 2018, reveló la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), que presentó una demanda para resolver los casos. "El Gobierno está separando sis- temáticamente un gran número de familias basado en antecedentes penales menores (de los padres), en acusaciones altamente dudosas de incapacidad y errores en la iden- tificación de relaciones de buena fe entre padres e hijos", reza el recurso presentado por ACLU. El documento, presentado ante la corte del distrito sur de California, recordó que el 28 de junio de 2018 un juez federal de ese estado ordenó poner fin a la política de "Tolerancia Cero", que permitía la separación de los niños detenidos junto a sus padres indocumentados tras cruzar la fronte- ra con México. Desde entonces y hasta el 29 de ju- nio pasado, asegura la demanda, las autoridades del Gobierno "han sepa- rado ahora más de 900 niños, inclui- dos bebés y niños". Según la moción, esta práctica se dio basada "en el historial criminal" y sobre la decisión "unilateral" y "no corroborada" de que el padre "no es apto o es un peligro" o por "errores sobre la identidad del adulto como padre del niño". En ese contexto, pidieron a la Cor- te que brinde "una orientación sobre los criterios permitidos para la sepa- ración de las familias en función del historial criminal o de la idoneidad de los padres". También que "reafirme sobre la premisa básica del mandato prelimi- nar de esa corte" que "los niños no deben ser separados de sus padres en ausencia de una decisión de que no están genuinamente capacitados o presenten un peligro real sobre la base de hechos objetivos". De igual forma, ante "el daño con- tinuo y potencialmente permanente para esos niños" ACLU solicitó que la corte deje claro que no puede haber separaciones "sobre la base del histo- rial criminal", independientemente de su gravedad y que requiera "tomar pa- sos más cuidadosos para determinar la paternidad". La moción, que fue interpuesta con- tra el Servicio de Inmigración y Con- trol de Aduanas (ICE), no pide a la corte una respuesta sobre "la propie- dad" de las separaciones, sino que se establezcan "principios rectores" para resolver las reclamaciones actuales. "Este tema ha llegado a una coyun- tura crítica. Cientos de niños, algunos literalmente solo bebés, están siendo irreparablemente dañados porque sus padres pueden haber cometido un delito menor en el pasado, incluso un delito de tránsito", apunta el texto. La situación de los menores inmi- grantes ha sido uno de los puntos más cuestionados de la Administración de Trump que, tras la separación de me- nores, ha quedado en el ojo del hura- cán por las condiciones de detención de miles de pequeños inmigrantes, en su mayoría no acompañados. Tras el anuncio de la implemen- tación de la política de "tolerancia cero", una medida impulsada en mayo de 2018 por el ex fiscal general Jeff Sessions, más de 2.800 niños fueron separados de sus padres en el vera- no pasado, hasta que el juez federal Dana Sabraw ordenó la reunificación de los pequeños. El problema se ahondó cuando el Gobierno admitió que otros miles de ni- ños fueron separados antes de abril de 2018, sin dejar claro un número exacto. Finalmente, el presidente Trump ordenó poner fin a su política de "to- lerancia cero" el 20 de junio del año pasado, sin que nunca haya quedado claro si todos los pequeños separados pudieron ser reunificados con sus fa- milias. Separó más de 900 niños de sus padres desde junio pasado GOBIERNO DE TRUMP R efugios de inmigrantes que se vieron forzados a ampliar su capacidad de asistencia ante la masiva llegada de solicitantes de asilo reportan ahora un descenso en el número de personas que los requie- ren, lo que incluso ha llevado al cierre de algunos centros de asistencia. Los reportes del descenso de so- licitantes de asilo que son liberados por la Patrulla Fronteriza y necesitan apoyo para continuar su viaje se dan por toda la frontera sur. "El número ha bajado en las últimas semanas, pero este número no se ve en el descenso del otro lado de la frontera, donde hay cientos esperan- do ingresar a solicitar asilo político" dijo a Efe la coordinadora del refugio Casa Alitas, Katherine Smith. Casa Alitas, un refugio operado por los Servicios de la Comunidad Católi- ca en Tucson, Arizona, había habilita- do un antiguo monasterio benedictino para alojar a los solicitantes de asilo que eran liberados en la frontera sur de Arizona. El lugar llegó a alojar hasta 300 personas, pero el promedio en julio ha descendido a 30 por día y el albergue Refugios se quedan vacíos por un menor número de inmigrantes que buscan ayuda dejará de operar en pocos días. En Yuma, Arizona, donde el alcalde tuvo que declarar una emergencia por el gran número de inmigrantes que ingresaban, organizaciones de ayuda como el Ejercito de Salvación tuvieron que cerrar un refugio habilitado para recibir hasta 200 personas. Jeffrey Breazeale, coordinador del Ejército de Salvación en Yuma, dijo al periódico The Arizona Republic, que en los raros días que reciben a algunas familias prefieren costear el hospedaje en hoteles y evitarse los costos de mantener abierto un refugio tan grande. "Es una combinación de factores; primero las políticas de hacer esperar a los solicitantes de asilo en la fronte- ra, la misma separación de familias y el verano que siempre ha hecho más difícil el viaje", señaló a Efe Norma Pi- mentel, directora ejecutiva de Carida- des Católicas RGV en Texas. Hace dos semanas el presidente Donald Trump anunció cambios en la elegibilidad de los solicitantes de asilo al ordenar que los extranjeros no mexicanos deben hacer primero las peticiones en un "tercer país seguro", y después hacer la petición en Esta- dos Unidos. El miércoles pasado, el juez fede- ral Jon S. Tigar, con tribunal en San Francisco (California), bloqueó tem- poralmente las restricciones al asilo, lo que hizo que la medida estuviera en efecto tan solo ocho días.