El Popular News

18 - 24 de Octubre, 2019 © El Popular I 3A www.elpopularnews.com "SALUD" VIENE de primera página "CARCELES" VIENE de primera página "INMIGRANTES" VIENE de primera página "CENSO" VIENE de primera página de cargos públicos. La nueva norma, que iba a entrar en vigor el martes, habría causado que 26 millones de personas y sus famil- ias no tuvieran acceso a cuidado de salud, según los defensores; sin em- bargo, un juez federal de los Estados Unidos en Nueva York, el viernes, bloqueó temporalmente la regla de cargos públicos de la administración Trump que negaría la residencia a los inmigrantes que se consideren propensos a requerir asistencia del gobierno, informa Reuters. "La administración trató de socavar nuestro acceso a cuidado médico con una compleja regla de inmigración que desalentaría a las familias de participar plenamente en los benefi- cios que son elegibles", dijo Eduardo Ramírez Castro, director del proyecto en la zona rural sostenible para la Fundación de Asistencia Legal Rural de California. Los defensores están llamando a la orden judicial una victoria para las familias inmigrantes que buscan el estatus de residente permanente. Se presentaron cerca de 260.000 comen- tarios públicos al Departamento de Seguridad Nacional con respecto a los cambios propuestos a la regla. Antes de la orden judicial, la admin- istración Trump cambió la regla de cargo público para incluir más ben- eficios públicos, como programas de asistencia nutricional, Medicaid que no es de emergencia y asistencia de vivienda, al determinar si una persona es considerada un "cargo público." El juez George Daniels del Distrito Sur de Nueva York bloqueó la regla a nivel nacional, llamándola "repug- nante al sueño americano". Daniels dijo que el gobierno no proporcionó "ninguna explicación razonable" de por qué era necesario cambiar la definición de cargo público, según Reuters. La Dra. Carol Stewart, miembro del Programa de Residencia de Medicina Familiar Rio Bravo de Clínica Si- erra Vista, habló del impacto que la regla de cargo público propuesta ha tenido en sus pacientes. La regla ha inculcado miedo a los miembros de la comunidad, según Stewart. Los datos de una encuesta de 2018 entre proveedores de California esti- maron que la regla de cargos públicos ya estaba infundiendo miedo en el 67 por ciento de los padres. Stewart tiene pacientes que han ex- presado temor de que las implicacio- nes de la regla de cargo público vayan más allá de las solicitudes de tarjeta verde, lo que ha causado que algunos residentes no soliciten servicios a los que tienen derecho. Debido a que no solicitaron los servicios, Stewart dijo que algunos pacientes están evitando sus visitas al médico y medicamentos, lo que lleva a casos médicos graves. "Estamos con nuestros médicos, enfermeras, personal y pacientes para decir 'no'", dijo Stewart. "No a cargo público y su feo equipaje. No a tratar a nuestros pacientes como peones en una partida de ajedrez política. No a negar el acceso a los servicios médicos básicos debido a su estatus migratorio. No para asustar a nuestros pacientes para que decenden los servicios por miedo. No a separar a los miembros de la familia porque uno tiene un pedazo de papel verde y uno no". Aunque ella ve el mandato como una victoria, sigue siendo escéptica. "El mandamiento judicial es grande, pero me preocupa que sea un espacio de alto", dijo. "Tenemos que per- manecer vigilantes. La atención sani- taria es un derecho humano básico". Los defensores dicen que aún queda mucho trabajo por hacer. La Admin- istración Trump se está preparando para rechazar a los solicitantes de visa de inmigrantes que no pueden per- mitirse cubrir los costos de cuidado médico. Esta regla, que entra en vigor el 3 de noviembre, está operando en consulados extranjeros, lo que es- encialmente hace mucho más difícil para las familias obtener una tarjeta verde (Residencia), según Ramírez Castro. Ramírez Castro dijo: "Cualquier amenaza para la atención médica... es una amenaza para la seguridad de nuestro condado". y mi salario no me alcanza para cu- brir las medicinas y las citas médicas, ni comprar un seguro privado", narra María, que trabaja en una compañía de limpieza. Su esposo, un mexicano con resi- dencia permanente, quiere legalizar- las pero posiblemente la regla de "carga pública" las haría inelegibles. "Él me dice que saquemos a la niña por unos días del tratamiento médico mientras iniciamos los papeles para que yo pueda tener mi permiso de trabajo y conseguir algo mejor, pero no soy capaz", dice entre sollozos. María también se queja sobre la desinformación que existe. La norma supuestamente entraría en vigor este martes. "Nadie realmente nos ha dicho si nos castigarían; la trabajadora social del hospital nos dijo que no, pero uno ya no sabe en quién confiar", confesó. Según Nancy Flores, subdirectora de la Alianza Nacional para Nuevos Americanos (NPNA), el problema de María y de muchos otros indocumen- tados de bajos recursos que busquen legalizarse es que la norma "también analiza los activos/pasivos de la imagen económica completa de los migrantes". De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), "la inadmisibilidad basada en la carga pública está determinada por la totali- dad de las circunstancias". Esto significa que un funcionario debe sopesar los factores positivos y negativos para determinar si alguien se convertirá en "carga pública", explica Flores. Como mínimo, un oficial de USCIS debe considerar varios factores, entre ellos: edad, salud, estado familiar, bienes, recursos, estado financiero, educación y habilidades del migrante. Al enumerar estos requisitos, María sólo atina a decir que "entonces es mejor quedarse sin papeles". Jason Boyd, consejero de políti- cas de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), califica la medida como un muro in- visible de la administración Trump. "Un muro hecho no de ladrillo o acero, sino de políticas que restrin- gen sistemáticamente la inmigración legal hacia y en los Estados Unidos", agregó Boyd. La implantación de la regla hubiera afectado directamente a cerca de 1,2 millones de solicitantes anuales de la residencia permanente, incluyendo alrededor de 500.000 que ya están en el país. Pero el denominado muro invisible también estaría afectando a ciudada- nos estadounidenses. Ese es el caso de un colombiano de nombre Juan, naturalizado en EEUU que legalizó el estatus de su mamá hace casi tres años. "Todo iba bien hasta que ella se enfermó, le dio un derrame cerebral y justo yo perdí el trabajo, así que el estado nos está ayudando con los gastos de su recuperación", advierte Juan, residente del sur de California y que prefirió omitir su apellido. Su abogado le ha dicho que Inmi- gración podría cobrarle los gastos médicos de su madre ya que él es el responsable por estos gastos, y que la regla de "carga pública" pudiera afec- tar una petición de ciudadanía para la señora de 78 años. "Esto es una cuestión de vida o muerte, no voy a poner a mi mamá en riesgo, si quieren que me vengan a cobrar", replicó. Flores señala que aunque aún no tienen claro si la medida afectará a los inmigrantes ancianos de manera desproporcionada, "ciertamente esto es posible". "Las personas mayores pueden presentar más problemas de salud y si son de bajos ingresos a menudo dependen de la ayuda pública para recibir tratamiento", indicó. Flores añade que esto puede afectar a personas mayores -dentro o fuera de los EEUU- en proceso de ajustar la residencia legal permanente, y resultar en la negación del amparo migratorio. Bajo la nueva regla presentada por USCIS en agosto pasado, un inmi- grante legal que vive en EEUU será definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses. Mientras la batalla legal sigue en los tribunales, autoridades estatales y organizaciones pro inmigrantes han iniciado campañas de información sobre la norma. EFEUSA mente pueden ser utilizadas para pro- ducir estadísticas, y no se pueden uti- lizar de ninguna otra manera y sus respuestas no pueden ser utilizadas en su contra por ninguna agencia local, municipal, estatal o federal. Nadie le puede decir que esta información será utilizada para determinar su elegi- bilidad para beneficios públicos. Al mismo tiempo, la famosa pregunta de su estado migratorio en los EE. UU, NO será incluida en el cuestionario del censo. "Este año, el Departamento del Cen- so dejará que personas puedan llenar su cuestionario en línea" comentó Benita Duran, representante del De- partamento del Censo. "Sus respues- tas en línea están a salvo de la piratería informática y de otras amenazas ciber- néticas" agregó. Duran agregó que el sistema de computación y seguridad del departamento es muy avanzado, ella dijo que, si alguna persona tratase de entrar al sistema, este automática- mente encripte la información y lanza una alarma que hace que se obtenga el Protocolo de Presencia de Internet o IPP, que en si da la ubicación de la persona o personas que trataron de ob- tener esta información privilegiada. Durante el transcurso a la fecha del Censo 2020 la mayoría de los hogares recibirán una invitación por medio del correo a responder al censo. Esta invitación, dará tres opciones para re- sponder: 1) por correo, 2) en línea, y 3) por teléfono. Al mismo tiempo, dependiendo de la probabilidad de que pueda re- sponder en línea, usted recibirá una invitación para llenar el cuestionario utilizando el internet o le llegará el cuestionario junto con la invitación; que usualmente será en áreas donde exista la menor probabilidad de respu- estas en línea. "Si usted responde en línea" co- mentó Benita Duran. "Usted puede poner hasta 99 personas en su cues- tionario, 30 personas por teléfono, y por medio del cuestionario solamente 10 personas". Todos los hogares que aún no hayan respondido al censo recibirán recor- datorios por correo y eventualmente recibirán un cuestionario impreso. Si aún no ha respondido, el departamento mandará a un trabajador del censo a su casa para completar el documento y entregarlo a tiempo. Para las áreas del Condado de Kern, donde los idiomas indígenas son prev- alentes, tales como el mixteco, zapo- teco o el Trequi, el departamento ha implementado una iniciativa en con- junto con las monjas de varias sectas religiosas donde durante eventos co- munitarios ayudan al departamento como interpretes para poder obtener esta información. Recuerde que es muy importante participar en el Censo, ya que su in- formación ayuda a financiar program- as que ayudan a la comunidad, tales como los beneficios de estampillas de comida, servicios médicos, ayuda a las personas en situación de calle y a las mismas empresas locales que apoyan a su comunidad, al mismo tiempo que los gobiernos locales utilizan esta in- formación para la seguridad pública y servicios de emergencia. ¡No se quede atrás y participe! El Censo 2020 es muy importante para todos, especialmente para usted y su familia. Para obtener mayor información, visite https://2020census.gov/es.html lucro no reflejan nuestros valores", añadió sobre una medida se aprueba en pleno esfuerzo del presidente Donald Trump por aumentar las cifras de detenciones de migrantes con la intención de deportarlos. Las dos principales compañías de seguridad privadas del país, GEO Group o CoreCivic, serán las más firmas más afectadas con la nueva medida, que previamente había sido aprobada por el Legislativo califor- niano. El autor de la ley, el asambleísta demócrata Rob Bonta, aplaudió la decisión del gobernador y calificó la calificó de momento histórico para California. "Al finalizar el uso de prisiones privadas con fines de lucro y cen- tros de detención, estamos enviando un poderoso mensaje de que nos oponemos con vehemencia a la prác- tica de sacar provecho de las espaldas de los californianos bajo custodia", señaló Bonta en un comunicado. En el mismo sentido los defensores de los inmigrantes celebraron la firma de la ley que también prohíbe a la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE ) contratar, modificar o extender un contrato actual con una prisión privada. Christina Fialho, cofundadora y directora ejecutiva de Freedom for Immigrants, resaltó en un comunica- do que "más del 70% de los migran- tes que están bajo custodia de ICE se encuentran en centros penitenciarios privados". La activista asegura que "cerrar las cárceles de inmigrantes es un paso esencial hacia el desmantelamiento de un sistema que se beneficia del abuso y llena los bolsillos de los ejecutivos privados de prisiones y los accionis- tas de la industria". Fialho advierte que con la entrada en vigor de esta ley ICE no podrá ren- ovar los contratos cuatro instalaciones en el estado que albergan a aproxima- damente 4.000 personas. EFEUSA

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