El Popular News

16 - 22 de Agosto, 2019 © El Popular 12A www.elpopularnews.com L a reglamentación para limitar el acceso a la ciudadanía o a la residencia permanente a inmigrantes que reciban ayuda pública supone un gran revés para la economía y la sanidad de California, advirtieron autoridades y activistas locales. El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal estatal, Xa- vier Becerra, encabezan las criticas a la normativa federal anunciada el lunes y que permitirá rechazar los permisos de residencia concedidos a inmigrantes definidos como "carga pública", esto es aquellos que han recibido "uno o más beneficios públicos designados" durante más de 12 meses en un período de 36 meses. La normativa, que entrará en vigor el próximo 15 de octubre y fue dada a conocer por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés), causará un fuerte impacto en las familias de bajos recursos de California, según sus autoridades. "Esta es una política imprudente que se enfoca en la salud y el bienestar de las familias inmigrantes y las comunidades de color, con implicaciones generalizadas para el acceso a la atención médica y la vivienda en nuestro estado", alertó en un comunicado el gobernador Newsom. La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante in- documentado incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas. En este sentido, Becerra explicó que la regla afectará a aquellos indocumentados del Estado Dorado que reciban atención médica a través de Medi-Cal (el Medicaid de California), apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricio- nal en California) y vivienda, entre otros. El procurador asegura que más allá de la oportunidad de legalizar a inmigrantes "esta regla dañará a las comunidades, escuelas y lugares de trabajo del estado", así como el sector agrícola local, que tiene una gran cantidad de mano de obra indocumentada. Según un análisis reciente del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), en California hay 3.059.000 inmigrantes indocumentados. Las preocupaciones de los funcionarios se centran en cómo la nue- va regla afectará la salud, especialmente la de los hijos de indocumen- tados de bajos recursos. Actualmente, California ayuda a más de 730.000 niños con comidas gratis y más de 310.000 menores reciben comidas a precio reducido debido a la participación de sus hogares en el programa Medicaid. Además, casi 1,6 millones de niños están certificados para recibir comidas gratuitas debido a la participación de sus hogares en el pro- grama de suplemento mensual para comprar alimentos (SNAP por su sigla en inglés). "Esta regla no es para los niños ciudadanos, pero sus padres indo- cumentados podrían considerar sacarlos porque creen que se pueden ver afectados. El teléfono no ha parado de sonar hoy preguntando so- bre esta regla", dijo a Efe Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de los Ángeles (ASOSAL). El estado actualmente brinda cobertura médica a más de 130.000 menores y adolescentes indocumentados, y el próximo año extenderá el servicio a los inmigrantes sin estatus legal hasta que cumplan los 26 años, unos 90.000 beneficios más. Para la activista y abogada Lizbeth Mateo las acciones del presiden- te sólo intentan "continuar con la política de miedo" y racismo contra los inmigrantes. "La nueva regla es un documento de casi 900 páginas que abre la posibilidad a diferentes interpretaciones", dijo Mateo. En Los Ángeles, la directora de la Coalición por los Derechos Huma- nos de los Inmigrantes (CHIRLA), Angélica Salas, aseguró que "obligar a los inmigrantes a elegir entre las necesidades básicas de su familia, como alimentos o vivienda, que ayudan a financiar con sus impuestos, y un camino hacia la legalización cruza otra línea". Las duras políticas migratorias de la Administración Trump, como la decisión de poner fin a la Acción Diferida (DACA) o al Estatus de Protección Temporal (TPS), ha motivado que California encabece de- mandas judiciales contra las mismas. Newsom recalcó que su gobierno está "revisando activamente los detalles de esta nueva regla para determinar los próximos pasos a tomar". Por su parte, Becerra dijo que "California no se quedará sin hacer nada mientras esta Administración se dirige en contra de programas de los que los niños y las familias a lo largo del estado dependen". California, uno de los más afectados con la nueva regla de "carga pública" W ASHINGTON, D.C. – Los abogados de las familias inmigrantes y la oportunidad económica denunciaron una nueva regulación del gobierno de Trump que tiene como finalidad privar a millones de familias del acceso a la atención médica y a otros programas o correr el riesgo del rechazo a conseguir el estado de residencia permanente legal en los Estados Unidos. Esta regulación de "Carga pública" recibió un número récord de comentarios, la extensa mayoría de ellos opuesta al movimiento de Trump. Ahora que la norma ha terminado, los abogados se están movilizando en las cortes y en el Congreso para bloquear su puesta en práctica. "Esta política niega un futuro per- manente y seguro en este país a to- das las personas que no sean blancas y ricas," dijo Marielena Hincapié, di- rectora ejecutiva del Centro Nacional de Leyes Migratorias. "No lo tolera- remos. El Centro Nacional de Leyes Migratorias se está preparando para presentar una demanda para luchar en contra de esta regulación y prote- ger a las familias inmigrantes". La regulación de "Carga pública" fue propuesta el otoño pasado por el Departamento de Seguridad Nacio- nal (DHS, por sus siglas en inglés). Las estimaciones independientes indicaron que amenazaría a unos 26 millones de personas en todo el país, directa o indirectamente. Además de enfocarse en inmigrantes de color, con discapacidades, y en quiénes tie- nen ingresos por debajo de $62,000, esa propuesta habría puesto las soli- citudes para la admisión a los EUA o solicitudes para una "tarjeta verde" en riesgo si un inmigrante utiliza ciertas prestaciones sociales. "Esta administración ha sido cons- tante en su uso de tácticas dañosas y odiosas para asustar a las comuni- dades inmigrantes y crear miedo y an- siedad a muchas familias inmigrantes y sus hijos," dijo Olivia Golden, direc- tora ejecutiva del Centro de Derecho y Política Social. "La rápida publica- ción de esta norma a pesar de más de un cuarto de millón de comentarios registrados durante el período de co- mentarios de 60 días indica que el gobierno ha elegido deliberadamente hacer caso omiso de las perspectivas, experiencias, e investigación pro- porcionadas por una amplia sección representativa de americanos. Entre los observadores que han comentado Prometen bloquear el ataque de Trump a millones de familias y a la democracia americana LOS ABOGADOS hay miembros del Congreso, alcal- des, abogados para las mujeres y las comunidades de color, líderes espiri- tuales, la comunidad médica, educa- dores, inmigrantes y muchos otros americanos. Estos observadores eran personas de todos los ámbitos de nuestro país que enviaron el mensa- je de que esta regulación amenaza la fuerza económica de nuestro país, y el futuro de nuestros hijos. ¡La decisión de hacer caso omiso es vergonzosa y demuestra una falta de consideración por la ley!" La propuesta atrajo más de 266,000 comentarios públicos, de forma aplas- tante en la oposición. Además, se opusieron a la propuesta grupos de abogados y proveedores de atención médica, abogados de alimentación, abogados de vivienda, directores eje- cutivos de corporaciones, y abogados para la oportunidad económica, niños, y familias trabajadoras. "Como pediatra, esta regulación de carga pública es un asalto a mi papel profesional – me siento inseguro sobre cómo orientar a familias cuando sé que esa inscripción en los servicios bási- cos que los mantendrán sanos podría comprometer la unidad familiar. Esta norma final sirve para intimidar y asus- tar aún más a las familias que buscan servicios necesarios para mantenerse sanos y productivos. Junto con otras inminentes propuestas, estas acciones dañinas tendrán consecuencias perju- diciales para la salud y bienestar del in- migrante," dijo Julie Linton, MD, FAAP, Presidenta de la American Academy of Pediatrics Council on Immigrant Child and Family Health. La regulación del DHS es uno de varios ataques recientes y planea- dos contra las familias inmigrantes de color. El Departamento de Jus- ticia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump ha redactado una regulación complementaria que ampliaría las deportaciones basadas en el uso de las familias inmigrantes de programas públicos. Los abogados cuentan con que la regulación del DOJ tenga un mayor "efecto escalofriante", debido a las consecuencias de la separación de la familia por la deportación. L a presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dice que ve una reforma migra- toria integral no solo como el trabajo oficial del Congreso, sino también como su responsabilidad moral al ter- minar una gira por Centroamérica. Pelosi viajó con una delegación del Congreso para explorar las causas de la inmigración y las posibles so- luciones. El grupo visitó Guatemala, Honduras y El Salvador, junto con centros de detención de migrantes en McAllen, Texas. La líder demócrata dijo en días pasados en Texas que hizo el viaje porque quería asegurarse de que Es- tados Unidos honre efectivamente la dignidad de los inmigrantes que ingre- san a sus fronteras. Durante su visita a El Salvador, Pelosi dijo: "Es así que cuando ha- Pelosi: La reforma migratoria es responsabilidad moral del Congreso blamos de un tercer país seguro, to- davía no lo he visto por escrito, no sé cuáles son las condiciones, (del convenio de tercer país seguro). Es decir, yo espero que tengamos una reforma progresiva para la migración y que, entre las regiones, que entre los países del Triángulo Norte poda- mos hablar de sugerencias diferen- tes que esas". Los congresistas reconocen que El Salvador, al igual que el resto de países del Triángulo Norte de Centro- américa deben avanzar en el combate a la impunidad y en la prosperidad. "Estamos viendo iniciativas que cualquiera que sea el "Status" para ellos, queremos trabajar juntos para los recursos, ayudar a construir los tres pilares de nuestra relación que son la seguridad la prosperidad y la gobernabilidad", indicó Pelosi durante su visita a El Salvador. Además de Pelosi, la comitiva in- cluyo a la presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Eliot Engel, la presidenta del Comisión de Pequeña Empresa, Nydia Velázquez y el presi- dente de la Comisión de Reglas, Jim McGovern. La administración Trump está tra- tando de restringir las solicitudes de asilo en EE.UU. desde América Cen- tral al exigir que los migrantes hagan la solicitud en Guatemala en lugar de en la frontera de EE.UU. Actualmente, California ayuda a más de 730.000 niños con comidas gratis y más de 310.000 menores reciben comidas a precio reducido debido a la participación de sus hogares en el programa Medicaid.

• Cover